Santiago Aguilar Morán / @literatango
Desde hace un año, el Ecuador vive la segunda etapa de una administración que prometía orden, modernización y eficacia mientras el país se hundía en el miedo. Doce meses después, lo que queda no es la imagen juvenil cuidadosamente producida desde Carondelet, sino un territorio exhausto: ciudades atravesadas por la violencia, hospitales vaciados, apagones convertidos en rutina, periodistas disciplinados por el dinero estatal y una ciudadanía sometida a una sensación permanente de incertidumbre. El gobierno de Daniel Noboa no resolvió la crisis; aprendió a administrarla políticamente, a sacarle provecho al miedo y al caos. Ahí reside su rasgo más peligroso.
Doce meses después, el saldo es inocultable.
El país no ha salido de la espiral de violencia; por el contrario, parece haberse habituado a convivir con ella. Las cifras de homicidios, extorsiones, secuestros y economías criminales muestran que el problema nunca fue simplemente militar ni policial. Sin embargo, el gobierno insistió en presentar la crisis de seguridad como una guerra abstracta contra “el terrorismo” y “el viejo país”, desplazando deliberadamente cualquier discusión estructural sobre precarización social, economías ilegales transnacionales, captura institucional y abandono estatal. La violencia se convirtió en una escena permanente: operativos televisados, estados de excepción normalizados, uniformes, lenguaje bélico y producción constante de imágenes de control. Mientras tanto, en barrios populares, en los de la clase media, en cárceles y en las periferias urbanas, la vida siguió degradándose.
Lo más grave quizá no sea únicamente la persistencia de la violencia, sino la manera en que el país ha empezado a naturalizarla. La crueldad se volvió paisaje. El miedo se convirtió en un régimen afectivo. El ciudadano agotado ya no espera transformación; apenas aspira a sobrevivir el día siguiente. Ese parece ser uno de los rasgos más inquietantes de este gobierno: convertir el cansancio social en gobernabilidad.
La misma lógica atraviesa el sistema de salud pública. Hospitales desabastecidos, pacientes esperando medicinas inexistentes, personal médico trabajando en condiciones cada vez más precarias y un Estado incapaz de garantizar derechos mínimos. El deterioro ya no aparece como excepción sino como normalidad burocrática. La salud pública dejó de ser entendida como una obligación fundamental del Estado y pasó a administrarse como un problema de costos. En esa lógica, el equilibrio fiscal termina teniendo más importancia que la vida de los pacientes, la atención médica o las condiciones de trabajo del personal sanitario. Y como ocurre siempre con las políticas de austeridad, las consecuencias no se distribuyen de manera abstracta: recaen sobre los cuerpos más vulnerables.
Algo similar ocurrió con el sector eléctrico. Durante meses se ignoraron advertencias técnicas sobre la fragilidad energética del país. No hubo inversión suficiente, planificación estratégica ni capacidad de anticipación. El resultado fue una crisis que impactó directamente en la vida cotidiana, la producción y el empleo. Pero incluso allí el gobierno eligió la narrativa antes que la responsabilidad. El problema debía parecer climático, coyuntural, inevitable. Nunca político. Nunca resultado de decisiones deliberadas. En el Ecuador contemporáneo, la improvisación se comunica como liderazgo.
Y para eso sí resultaron eficientes: la comunicación gubernamental alcanzó niveles inéditos de centralización propagandística. El pautaje estatal se convirtió en mecanismo de disciplinamiento mediático. Estamos ante la consolidación de un sistema de premios y silencios. Una parte del periodismo corporativo abandonó cualquier distancia crítica para convertirse en extensión emocional del gobierno. La figura presidencial fue protegida mediante una maquinaria permanente de estetización: videos cuidadosamente producidos, épica empresarial, lenguaje motivacional, presencia calculada en redes sociales y una administración obsesiva de la imagen. Las pocas voces críticas terminan sepultadas bajo un flujo constante de propaganda digital, cuentas coordinadas y contenido diseñado para sustituir deliberación por impacto emocional.
En ese contexto, la frontera norte y la amenaza externa funcionaron como dispositivos narrativos particularmente útiles. Desplazar la atención hacia el enemigo exterior permitió reducir la complejidad interna de la crisis. El problema debía venir de afuera: del narcotráfico internacional, de grupos armados extranjeros, de una frontera descontrolada. Esa operación discursiva no solo simplifica el conflicto; también oculta responsabilidades domésticas, redes locales de acumulación ilegal y vínculos entre capital, corrupción y violencia.
El crimen organizado no crece en el vacío. Necesita puertos, bancos, circuitos financieros, protección institucional, precariedad laboral y territorios abandonados por el Estado. Pensar que la violencia en el país puede resolverse únicamente con despliegue militar es una forma de ocultar que el neoliberalismo también produce subjetividades rotas, economías desesperadas y comunidades fragmentadas. Allí donde el Estado retrocede en derechos, otras formas de soberanía ocupan el espacio.
El primer año de Noboa deja una sensación inquietante: la consolidación de un gobierno que administra la crisis sin intención real de transformarla. Un gobierno eficaz en producir percepción, pero profundamente limitado para construir horizonte histórico. La política reducida al marketing. La democracia reducida a manejo comunicacional. El ciudadano reducido a espectador del deterioro.
Tal vez uno de los problemas más serios de este momento en el Ecuador sea la dificultad creciente para nombrar la crisis más allá de sus síntomas inmediatos. La violencia aparece desconectada de la desigualdad. El colapso hospitalario parece separado del ajuste fiscal. Los apagones son tratados como accidentes naturales. La propaganda se disfraza de información neutral. Y mientras todo eso ocurre, el país continúa desplazándose hacia formas cada vez más agresivas de descomposición social.
Estamos frente a una forma específica de gestión contemporánea del capitalismo periférico: un poder que combina espectáculo digital, militarización, precarización y administración emocional del miedo. Un poder que ya ni siquiera necesita producir consenso profundo; le basta con administrar la fatiga colectiva mientras sus operadores políticos reproducen, dentro y fuera de la Asamblea, la lógica del espectáculo, la confrontación y el vaciamiento del debate público.
El agotamiento y el miedo, tarde o temprano, dejan de organizar la obediencia…
